Inici

A los sesenta años de los Tratados de Roma: Europa como excusa y como oportunidad

PRIMERA PARTE. Europa como excusa




1.- Los proyectos que confluyen en la creación de las Comunidades Europeas

El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Nace así una organización regional de los Estados más prósperos de la Europa continental. El modelo era la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) creada por un Tratado provisional, por plazo de 50 años, firmado en París el 18 de abril de 1951. Los Estados de la Europa Occidental, núcleo de los beligerantes en la guerra finalizada apenas seis años antes, compartían así intereses económicos, especialmente con el carbón, el acero y la energía nuclear, que se entendían como la llave de los conflictos, base y fundamento de la potencia militar de cada Estado.

Hay una noción de los análisis sociales, muy útil a este respecto, la de proyecto social. Cuando algunos intereses o valores cristalizan en las correspondientes metas, tal vez acompañadas de una estrategia, entendiendo por tal determinada ordenación de los recursos y programación de acontecimientos. Los proyectos sociales encarnan en sucesivas personas y grupos. Pueden pervivir cuando los iniciadores han dejado de participar de los mismos, han perdido todo interés o hace generaciones que han fallecido. Algunos proyectos pueden ser hegemónicos o de poder y encarnar en instituciones oficiales, que refieren a la colectividad, o privadas, otros contrahegemónicas, o de resistencia al poder.

Pues, bien, el proyecto europeo nace del conflicto (incluso bélico) entre Estados integrantes y en la confluencia de proyectos.

El primer proyecto de unidad europea lo diseña Pierre-Joseph Proudhon, en su libro “el principio federativo”, 1863. El planteamiento pasaba no por Estados (grandes ni pequeños) sino por unidades descentralizadas, con decisión directa de la gente afectada, en determinado ámbito, personal o funcional, y, en especial de las clases trabajadoras. La finalidad última es la federación global que impida el caos de las relaciones entre Estados, por definición, soberanos. Que tratan de someterlo todo a su hegemonía, y no reconocen instancia arbitral alguna, lo que asegura o el imperio o la guerra. Comúnmente ambas cosas a la vez.

Esa propuesta teórica la articuló un proudhoniano. Pero obvió algunas enseñanzas del maestro. Empezando por ocupar el cargo de canciller –ministro de exteriores- del Estado Francés, Aristide Briand. Que, a pesar de todo, conservó algunos elementos del original, pues pensó la Unión Europea como organización regional de Estados, dentro de la sociedad global de naciones.

Sin embargo, el proyecto de 1957, estableció una propuesta, basada en los Estados surgidos de la Guerra, con la derrota de los Estados nazi-fascistas del Eje, y en la competencia entre EEUU, Reino Unido y los países de la Europa continental, de una parte, y la URSS y sus satélites de la otra.

El Plan Marshall, para la reconstrucción, sirvió como acicate para los seis Estados que integraron inicialmente la comunidad. En esos momentos era muy grande la conciencia de las clases trabajadoras y la mala imagen de las élites de poder plutocrático en el continente (pues habían sido en general partidarias de las potencias del eje durante la guerra). Si a eso se añade que el proyecto constituía un escaparate frente al bloque rival se hizo obvia la necesidad de atemperar los abusos de la plutocracia europea, en la metrópoli, con el fin de impedir una reacción gravemente perjudicial para las élites de poder y sus instituciones. Pero la plutocracia del continente, con el apoyo directo de EEUU, e indirecto de Inglaterra, encontró un buen aliado en la forma concreta de organización de las Comunidades.

2.- El proyecto europeo, como ariete del proyecto neoliberal

Porque, en efecto, casi desde el comienzo, las Comunidades Europeas arrastraron lo que los especialistas llaman, púdicamente, déficits: déficit democrático y déficit social. Estas carencias gemelas, son producto del citado “criterio funcionalista”, como mecanismo de avance adoptado en origen por las Comunidades, ante la imposibilidad de hacer avances inmediatos en el terreno político.

El criterio funcionalista ha consistido en alcanzar primero una forma de solidaridad práctica, económica, que imposibilitase la guerra entre las potencias europeas. Para avanzar después en la integración política y la solidaridad social. Pero la plutocracia europea comprende muy bien, casi desde el principio, que es una excusa estupenda para hacer prevalecer los intereses “económicos”, es decir los suyos propios, sobre los de la clase trabajadora y las restantes clases sociales.

Pero esos déficits se confirman y agravan a partir de los años ochenta, conforme van creciendo las propias competencias de la Unión, haciendo cada vez más lejanos los objetivos de integración política y armonización social. Y no por casualidad, sino debido a que los mismos déficits, y con ellos las propias Comunidades Europeas, acaban por convertirse para los países miembros en el instrumento fundamental del emergente proyecto neoliberal.

El proyecto neoliberal se convierte así, al mismo tiempo, en la fuerza y la debilidad del proyecto de la UE.

Recordemos que el inicio de los años ochenta coincide con los gobiernos de Margaret Thatcher, en Reino Unido y Ronald Reagan en EE UU, y, en general, con el avance de la ideología y del proyecto neoliberal en todas partes. Como hemos desarrollado en otros artículos de esta misma página, el proyecto neoliberal no es una simple ideología, sino además el proyecto de las élites de poder del dinero, la plutocracia (ver p.e. los artículos “plutócratas y neoliberales” o “pensiones y pensionazos”).

Como todo proyecto de poder, la plutocracia se desarrolla de modo más o menos informal, más o menos coordinado, generalmente más por coincidencia de intereses que por conspiraciones organizadas. Suele comenzar por reunir recursos y suele acabar con la aplicación de programas de cambios institucionales y sociales. Desde un punto de vista lógico, el proceso empieza con las nociones publicitarias elaboradas por los referentes y portavoces intelectuales y laboratorios de ideas, financiados por la plutocracia de cada país o por alianzas regionales o globales de la misma, que fomentan y justifican el poder y los intereses del dinero. Sigue con la difusión de las ideas elaboradas, a través de las casas editoriales y medios de comunicación, que pertenecen a los plutócratas o son ampliamente influidos por ellos, para convencer a la opinión pública y establecer estados de opinión. Y concluye con la elaboración de programas, mediante grupos de estrategia e influencia, en la cúspide de los plutócratas, y la presión persistente sobre el poder instituido, en la base, a través de cabilderos o grupos de presión (lobbies, en inglés), financiados por distintos sectores de la plutocracia, o alianzas inter-sectoriales de las mismas.

De este modo el proyecto neoliberal de la plutocracia creó un ambiente intelectual opresivo que se filtró hacia la opinión pública, aunque nunca ha acabado de convencer a los sectores sociales más perjudicados, como demuestran las sucesivas oleadas de los institutos oficiales de encuestas y la caída en la consideración de las instituciones de la UE entre los sectores populares europeos. En las secciones de economía de los grandes medios de comunicación el discurso neoliberal constituyó, y constituye, un auténtico pensamiento único (según la afortunada expresión de Ignacio Ramonet). Los tecnócratas y las instituciones tecnocráticas presentan políticas de talla única que benefician y perjudican siempre a los mismos. P.e. según Joseph Stiglitz, antiguo economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, en ocasiones, el pliego de medidas a imponer por la pareja FMI/Banco Mundial, a un país empobrecido, mantenía el nombre de otro país, que, en el cortar y pegar, se habían descuidado de cambiar ver: http://www.voltairenet.org/article120087.html . Y, por último, los partidos con posibilidades de gobernar tienen, todos, un mismo programa económico. Y eso tanto para los momentos de auge económico como para los de depresión, que, como es obvio, exigen tratamientos distintos.

Un programa basado en la adaptabilidad, la flexibilidad y la precariedad del trabajo, en la regresión de los derechos sociales, en la erosión de los servicios y las prestaciones públicas y de las pensiones, conseguidos en el período anterior, en el endeudamiento y en el incremento de la carga fiscal que afecta a las clases trabajadoras y medias y en la reducción de los impuestos y las obligaciones sociales que afectan a los ricos y especialmente a los muy ricos (los plutócratas), con lo que, ante la cada vez mayor acumulación en la cúspide, se produce una caída continuada de los recursos públicos disponibles para financiar las políticas sociales. Y, paralelamente, en la reducción de la influencia efectiva, y aún de la información, a que pueda acceder el común de la ciudadanía, a través del oligopolio de los medios que, por supuesto, internet, objeto por otra parte de una intensiva campaña de relaciones públicas por parte de empresas del sector, no puede compensar. Por lo menos hasta el momento.

Hasta los años ochenta, “Europa” representaba lo contrario de esas proposiciones. Significaba Seguridad (social) y Estado del Bienestar. Y Democracia (o, para ser precisos, gobierno representativo). Aunque éste sea, en su propio fundamento democrático, muy limitado. Limitación a la que las Comunidades Europeas sumaron el predominio tecno-burocrático en Bruselas y su lejanía de las preocupaciones de las mayorías sociales. Una y otra cosa han tenido un papel en el desarrollo del proyecto de poder de la plutocracia Europea en los últimos 40 años. El escaso contenido democrático del gobierno representativo ha posibilitado el cambio acelerado impuesto por el proyecto neoliberal. La tecnoburocracia de Bruselas ha facilitado la erosión de la virtualidad democrática y, por consiguiente, la acumulación de recursos por parte de la plutocracia.

El cambio de paradigma, en la UE, aparece ya en 1986, con el Acta Única Europea, que introdujo las recetas neoliberales. Pero es a partir del Tratado de la Unión Europea, de 1992, celebrado en Maastricht, creador del Euro, cuando se adentra decididamente en las mismas. Y los tratados posteriores (Amsterdam, 1997; Niza, 2001), a pesar de la resistencia popular cada vez más organizada, consiguieron profundizar en la nueva arquitectura institucional.

El planteamiento de fondo lo explicó el hombre fuerte del momento. El presidente del Bundesbank, Banco Central Alemán, Hans Tietmeyer, en numerosas entrevistas recogidas en la prensa económica e internacional de referencia. En lo que ahora nos interesa la principal declaración se contiene en el International Herald Tribune, de 23 agosto de 1999, poco antes de su jubilación. Respecto de lo que suponía la introducción de la moneda del Euro, “el hombre de la calle aún no es consciente. Nadie comprende aún de qué se trata”. Y se trata, precisamente, “de la competencia entre sistemas fiscales, tanto como entre sistemas de protección social nacionales”. Y eso, tanto entre los sistemas internos de la UE, como entre los externos a la misma.

Por supuesto sin la protección que supone el tipo de cambio entre las monedas y las barreras arancelarias y no-arancelarias, pero también sin la existencia de un mecanismo de compensación, solidaridad o equilibrio interno, que en la UE es limitadísimo, para los países periféricos. Y aun lerdos como Disjelbloem, por cierto del partido laborista belga, dicen que se gastan las ayudas “en copas y en mujeres”, con lo que fomentan que la opinión pública de sus países esté en contra de la solidaridad. Lo que, por supuesto, asegura en todas partes la “competencia” frente a los “inversores”, esto es frente a los plutócratas, de los sistemas fiscales y de la solidaridad social organizada, con lo que todos pierden en beneficio de la minúscula élite de poder.

La finalidad última de todo esto es ensanchar las diferencias de clase y, como consecuencia, la carrera hacia el abismo en paralelo del bienestar y de la influencia de la ciudadanía en las instituciones. Se trata de la destrucción de los derechos sociales de las clases trabajadoras y de la ciudadanía (y del entorno ecológico), y en último término de acabar con la poca sustancia democrática que pueda quedarle al gobierno representativo y que podría suponer alguna resistencia, barrera o retroceso a los privilegios de la plutocracia.

Los Tietmeyer, y en general los tecnócratas y burócratas de los Bancos centrales y de la UE, plantean el tema como si se tratara de un problema técnico. Se trataría de una evolución social ciega, derivada del simple cambio tecnológico (el famoso desarrollo de las “fuerzas productivas”) o de una evolución económica inevitable o derivada de las propias características del “sistema”. O de, al menos, las únicas soluciones posibles, o las mejores. No hay tal, sino el influjo de un entramado de intereses, una élite de poder, cuyo núcleo es, desde luego, la plutocracia europea y global, pero a su alrededor gravitan la cúspide de la tecnoburocracia de los Estados y de las organizaciones inter-estatales, como la propia UE, los académicos e intelectuales de referencia, las estrellas mediáticas y muy particularmente los integrantes de los aparatos de los partidos políticos. Entramado que ha institucionalizado/constitucionalizado las exigencias del poder privado del dinero. Tal como lo preveía Friederich Von Hayek, uno de los primeros y principales portavoces intelectuales de las ideas neoliberales. Y, de esta forma, ha situado su poder, totalmente arbitrario, como poder privado que es, por encima de los poderes públicos que podrían condicionarlo y a su vez podrían resultar influidos por la opinión ciudadana.

Prototipo de esa institucionalización son los acuerdos globales, bi- o multi-laterales de “comercio e inversión” que han globalizado el chantaje a las clases trabajadoras y medias. Cuyo modelo es… la propia Unión Europea.

A ese respecto, el intento de Tratado Constitucional (o Constitución) de la UE fue un hito casi sin parangón. Fracasó, de entrada. Pues, fue derrotado sin paliativos en los referenda de Francia y Holanda. A pesar de tratarse de una batalla de información tremendamente desigual entre los plutócratas y la tecnoburocracia europeas y los movimientos de la ciudadanía. Pues, ésta, a pesar de todo, en caso de disponer de un mínimo de información, no hay manera de que trague con los graves perjuicios que les irrogan semejantes engendros.

Únicamente ha habido un país en el que ha llegado a triunfar en una consulta popular un intento de constitucionalizar el credo neoliberal. Y ese no es otro que España, precisamente con motivo de la consulta sobre la Constitución Europea. Eso sí, al menos, con un nivel de participación diminuto. Lo cual, en un tema tan significativo, da una idea del nivel democrático del régimen que padecemos.

A pesar de lo cual la mayor parte de lo que expulsó la ciudadanía por la puerta, mediante los referenda, fue colado por la ventana a través de un nuevo “Tratado”. El de Lisboa.

La mayor parte. Pues algunas de las taras “constitucionales” más paralizantes resultaron suprimidas en el Tratado posterior.

Entre otras el chantaje institucionalizado que a la cúspide burocrática de los bancos centrales y de la UE (tal como se concreta en las declaraciones de Tietmeyer) tanto les gusta. Por ejemplo, el artículo 172 del Tratado Constitucional, después de establecer en el apartado 1 la necesidad de armonizar los ordenamientos jurídicos a fin de asegurar un terreno de juego nivelado, incluía esta excepción: “2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.”

De modo que el mecanismo de armonización para estos temas sensibles sería el propio del mercado, la competencia en el seno de la clase trabajadora y de los sistemas fiscales. Se trataba, pues, de asegurar mediante la competencia fiscal la caída de los impuestos aplicables a los inversores y a las grandes fortunas, tal como ha acaecido en los últimos decenios, y la erosión del bienestar. Luego también se aseguraba la carrera hacia el abismo que preveía Hans Tietmeyer mientras el Tratado que establecía una Constitución para Europa estuviera vigente. Y, teniendo en cuenta que, el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, de forma no demasiado exagerada, vaticinaba que la tal Constitución, de haber pasado, habría durado doscientos años…

Del mismo modo el artículo 209, que preveía “progresos” en los sectores más sensibles para el bienestar social, excluía la armonización hacia arriba, mediante la aplicación del número 5 del artículo 11. Mientras el párrafo 3º del propio artículo 209 se limitaba a hacer un vaticinio antes que a establecer una norma jurídica.

Decía, al respecto, de la mejora de los derechos sociales, la Unión y los Estados miembros… “Consideran (¿qué significa “consideran” en un texto jurídico?) que esta evolución será consecuencia (¡¡sic!!) tanto del funcionamiento del mercado interior, que favorecerá la armonización de los sistemas sociales, como de los procedimientos establecidos en la Constitución y de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros.” Teniendo en cuenta que, en el párrafo anterior, que ambas partes “actuarán” teniendo en cuenta la “necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión”, y la obsesión por la libre circulación de capitales y por los privilegios de la inversión entre los países de la UE y hacia el exterior, mediante los tratados de Comercio e Inversiones, es evidente que se pretendía fijar en la carrera hacia el abismo.

Pero, curiosamente, los máximos representantes de los grandes Estados y de la UE en los últimos años insisten en la imprescindible armonización fiscal de los impuestos directos (en la práctica desde el año 2011, véase al respecto en las siguientes: http://www.circuloeconomia.com/sobre-la-armonizacion-fiscal-en-la-union-europea/;
http://cincodias.com/m/cincodias/2011/02/04/economia/1296935745_850215.html; y
http://www.fiscal-impuestos.com/armonizacion-fiscal-union-europea-utopia-objetivo-alcanzable.html.
Pues, bien, en el Tratado Constitucional eso era sencillamente imposible. Menos mal que la propuesta de Tratado Constitucional del Consejo Europeo (es decir de los jefes de los gobiernos de los Estados) y de la Comisión Europea resultaron derrotadas por la ciudadanía.

De ese modo, afortunadamente, la armonización no se ha hecho imposible. Pero, frente a la presión de la plutocracia, siguen siendo un objetivo muy difícil. A pesar de los tremendos problemas revelados por la crisis del 2007, a las alturas del 2017 la armonización fiscal de los impuestos directos y de la fiscalidad de las sociedades mercantiles en la UE sigue siendo una quimera. Mientras la caída de los impuestos a pagar por los plutócratas y la sustitución de impuestos directos por indirectos, mucho más regresivos, en beneficio de éstos y en perjuicio de las clases trabajadoras y medias, cada vez gana más terreno. Y la armonización al alza del bienestar, inmune al chantaje de la plutocracia, ni está ni se la espera. Mientras la competencia entre los sistemas de cada uno de los Estados genera la erosión acelerada, aplicada con entusiasmo durante las burbujas especulativas que las políticas económicas y la concentración de la renta y de la riqueza generan, y con fiereza durante las depresiones derivadas del pinchazo de las mismas burbujas.

3.- Todo el poder a los (muy) ricos. Los plutócratas y las instituciones de la UE

En la cabina del patrón del proyecto neoliberal están los grupos de estrategia e influencia. Que aunque son llamadas también lobbies o cabilderos, son mucho más. Pues, ahí se concentran los máximos directivos de las grandes compañías y sus accionistas de referencia. Oigamos al antiguo vice-presidente de la Comisión Europea (1981-1985), el Vizconde Etienne de Davignon, impulsor desde la Comisión de la fundación y después presidente del grupo llamado Mesa o Tabla Redonda de los Industriales Europeos, ERT, como representante de la gran transnacional Suez-Tractebel, y más tarde presidente de otro grupo de estrategia e influencia, el club de Bilderberg, probablemente uno de los más influyentes. Pues, bien, según Davignon, la principal virtualidad que tienen estas organizaciones es, precisamente, que permiten reflexionar (y hacer planes) en común, en tanto que “reúnen a las personas más poderosas del mundo” http://www.huffingtonpost.es/2015/06/10/club-bilderberg_n_7550498.html.

A nivel europeo, podemos destacar, entre una maraña de otras organizaciones estatales, la citada ERT, Tabla Redonda de los Industriales Europeos, o el Foro Europeo de Servicios.

La Tabla o Mesa Redonda de los Industriales Europeos (ERT, por sus siglas en inglés), un grupo de los máximos directivos de las mayores empresas europeas (en la actualidad 53, incluidos un presidente y un vicepresidente), cuya misión es idear ocasiones y formas de presionar a los gobiernos y a las instituciones de la U.E., para obtener una normativa, orientada a la “competitividad” hacia dentro y hacia afuera de la Unión, sellada por las propias instituciones europeas. Esto es, orientada a proporcionar privilegios a las empresas que representan, o, para ser más rigurosos, de que se sirven esos mismos máximos dirigentes. Y esa presión es trascendental para la vida de las clases trabajadoras, pues, recordemos que entre 2/3 y 3/4 de la legislación de los países de la UE procede de las instituciones europeas.

La influencia de la ERT es enorme. En su “Europa 1990: una agenda para la acción” se inspiró reconocidamente el Libro Blanco de la Comisión, que fue la base del Acta Única Europea de 1985, el primero de la serie de tratados que ha introducido el neoliberalismo en la UE. El primer peldaño en la escalera de descenso al infierno de los pueblos integrados en las Comunidades. También su propuesta “Remodelar Europa” se parece sospechosamente al Tratado de Maastricht. Y en el 2002 presentó “una gobernanza europea para una mayor competitividad”, pistoletazo de salida para lo que luego fue el Proyecto de “Tratado que establece una Constitución para Europa”.

El que había sido Comisario de la Competencia, Peter Sutherland, el prototipo de político-tecnócrata de las instituciones europeas, sugirió en 1992, que “uno puede argumentar que toda la ejecución del proyecto del mercado interno se inició no por gobiernos, sino por la Mesa Redonda”. Sabía lo que decía, pues presidió la comisión que realizó el informe de la UE sobre mercado interior.

Es, además, uno de los mayores beneficiarios de las concurridas puertas giratorias de políticos y burócratas entre el cargo público y el cargo privado. De la Comisaría de la Competencia (1985-1989) pasó a dirigir la Alianza de Banqueros Irlandeses, entre otras. Volvió a la función pública, por la puerta grande, a dirigir el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, transformado durante su mandato en Organización Mundial del Comercio, entre 1993 y 1995. Justo cuando los Tratados creadores de la OMC establecían en Marraquech las normas de la “competitividad” global, que aseguran la competencia desleal, en beneficio de la plutocracia global, una carrera hacia el abismo de todos. Designado presidente de British Petroleum, en representación de la cual fue miembro y vicepresidente de la ERT, o presidente de la división internacional del banco industrial Goldman Sachs, en el momento en que ese banco orquestaba el fraude al pueblo de Grecia por parte de su gobierno, que ocasionó la entrada de ese país en el Euro.

La fuente del desastre actual para los griegos. Por cierto, en la dirección máxima de Goldman Sachs coincidió, entre otros personajes notorios, con Mario Draghi, el actual Presidente del Banco Central Europeo.

En febrero de 2010 la ERT presentó su “Visión para una Europa competitiva para 2025” directamente al entonces Presidente de la Comisión José-Manuel Durâo Barroso. En entrevista del 3 de febrero el secretario general de ERT, Wim Philippa, manifestó “Dejaremos claro a Barroso que lo someteremos a estrecha vigilancia y le haremos responsable del éxito o el fracaso de la estrategia, igual que haremos con nuestros respectivos gobiernos nacionales”. El 26 de marzo de 2010 el Consejo Europeo, o reunión de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, a propuesta de la Comisión aprobaba la Estrategia decenal 2020. Naturalmente seguía fielmente las grandes líneas de la propuesta de la ERT. A saber: “mercado” de trabajo más flexible, poner la ciencia y el conocimiento al servicio del “mercado”, “sostenibilidad” de los servicios públicos, o sea recortes, y a lo que quede de éstos hacer que la ciudadanía, convertida en clientela, pague una parte cada vez mayor del coste de los que utilice, y un mecanismo de colaboración público-privado en la prestación de los servicios, es decir nuevas formas de poner el dinero público en los bolsillos privados. Todo el poder al mercado, todos los beneficios al mercado, todo bienestar a través del mercado, regulado y des-regulado, para reforzar el poder de las grandes empresas, y, dentro de éstas, claro, de los que las dirigen. Naturalmente que, cuando decimos mercado, en una situación oligopolística como la de la actual UE, en realidad decimos plutocracia. Todo el poder a los muy ricos y a sus círculos de influencia.

Por supuesto, son estos grupos, del tipo ERT, los que han configurado la plutocracia global y las normas que generaron la globalización. Es el caso del Foro Europeo de los Servicios (uno de los actores principales en intentar imponer la Directiva de Servicios, o Directiva Bolkestein), del Foro de Bilderberg (en cuyo grupo directivo el citado Sutherland), del Foro Económico Mundial de Davos, de la Comisión Trilateral (cuya sección europea presidió el mismo Sutherland entre 2001 y 2010). O del Diálogo de Negocios Transatlántico, los primeros ejecutivos de las 70 mayores empresas de EEUU y la UE, reconvertido en Consejo Transatlántico de Negocios, que han estado influyendo en los tratados bilaterales tipo TTIP, que hoy parece decaído. Pero que acaban de obtener un resonante triunfo mediante la aprobación por el Parlamento Europeo del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG, CETA por sus siglas en inglés), del que pronto empezaremos a sentir sus efectos pues empezará a aplicarse “provisionalmente”. Todo y lo cual aún estamos a tiempo para detener y revertir su ratificación.

DMA

Autora: Tony


SOM 27 I MÉS Defensar l’educació pública no és cap delicte!

 

 

Manifest cultural i comunicatiu de suport als 27 i Més

 

 

Treballadores i entitats de la cultura i la comunicació denunciem la repressió contra 27 membres de la comunitat educativa de la UAB per defensar la universitat pública d’un increment extrem de taxes i de la seva privatització

 

La injusta imputació contra 25 estudiants, un treballador del Personal d’Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador formen part de la instal•lació creixent de la repressió social, ideològica i antisindical en la nostra societat i són causa d’una censura que té immediates conseqüències en cultura del dia a dia i en la simbòlica i en la comunicació, sense les llibertats col•lectives no hi ha cultura lliure.

 

La privatització dels serveis públics de tot tipus incloses les universitats és també una privatització cultural en tant en quant afecta a una de les institucions que ha de promoure l’àmbit cultural de recerca i de creació de coneixement. La repressió que l’acompanya està incidint també en el contingut dels mitjans de comunicació, majoritàriament industrialitzats i accentuant la seva deriva manipuladora.

 

Les treballadores i entitats del trinomi indissociable de cultura, comunicació i educació denunciem que aquesta repressió social cada cop més extesa és la forma que els poders dominants tenen per a consolidar la precarietat, privatització i una industrialització creixents que restringeixen la llibertat cultural i comunicativa i concentren i normalitzen la difusió de continguts.

 

Per això fem una doble adhesió a aquest manifest i al de “SOM 27 I MÉS Defensar l’educació pública no és cap delicte!”

 

Impulsa: Grup supoRt d’Acció Social – Sindicat de l’Espectacle Arts gràfiques i Audiovisuals de la CGT de Barcelona

22-02-2017-PENSIONES Y PENSIONAZOS

 

1.- EL PRIVILEGIO SIGUE AL PODER (COMO LA SOMBRA SIGUE AL CUERPO)

 

Periódicamente el máximo dirigente del Banco Central, cualquiera que sea el país o zona económica de que se trate, y sea quien sea, el preboste, hace una reflexión sobre economía general. Y siempre es en perjuicio de unos y en beneficio de otros. En beneficio de los adinerados y en perjuicio de todos los demás.

 

¿Por qué? Antes de contestar a esta pregunta veamos las circunstancias en unos cuantos casos.

 

Pasó con Hans Tietmeyer, a la sazón presidente del Deutsche Bundesbank, de 1993 a 1999, el principal impulsor del euro, tal como ha sido concebido, y que presidió la primera fase de su creación. Pues bien, en declaraciones al diario Le Monde, el 17 de octubre de 1996, se refería a las perspectivas económicas. “El desafío hoy en día –decía- es crear las condiciones favorables a un crecimiento duradero y a la confianza de los inversores. Es necesario, por tanto, controlar los presupuestos públicos”. Vale, controlar, pero ¿en qué sentido?

 

Pues, añadía “Hay que reformar el sistema de protección social”. Bueno, sí, pero hacia dónde.

 

Un poco más adelante aclara “Hay que… bajar el nivel de los impuestos hasta darle un nivel soportable a largo plazo”. Estupendo, pero soportable, para quién. Ya nos lo ha dicho, “soportable… para la confianza de los inversores”.

 

O sea, que hay un nivel de impuestos que los inversores consideran insoportable. Por encima del cual nos prometen el infierno del estancamiento. Y por debajo el paraíso del “crecimiento duradero”.

 

Aun así, ¿cuál nivel es ese? ¿El del tipo marginal más alto por encima del 80% en los países centrales? Justo cuando la economía iba muy bien, los salarios y las pensiones crecían, la protección social mejoraba, y la confianza de la mayoría social permitía a los jóvenes independizarse pronto y tener un buen número de hijos, que mantenían generalmente con un único salario por familia, De hecho el porcentaje de población activa es, de media, aproximadamente, hoy y en esa época, el mismo. Sólo que en los años 60 y principios de los 70, los inactivos eran niños y ahora son viejos.

 

Por supuesto que no se trata de mantener tipos altos en perjuicio de los ricos, vestidos de “inversores”. La idea, por el contrario, es reducir muy por debajo del 50%, los tipos marginales más altos del impuesto sobre la renta. Amén de extinguir el impuesto de sucesiones, o convertirlo en anecdótico, y establecer impuestos sobre el capital próximos, sino por debajo, del 20%, y bajando. Resultado de lo cual es que, en los países centrales, y mucho más en los periféricos del centro, como nosotros, cuando los salarios y las pensiones no paran de caer, la protección social sufre recorte sobre recorte, la confianza de la mayoría social es nula, el número de hijos es prácticamente insignificante porque, por regla general, ni con dos sueldos por familia, es posible llegar a fin de mes.

 

Y, claro, bajar los impuestos tiene sus costes. Ya lo hemos visto “reformar el sistema de protección social, desmantelar las rigideces del mercado laboral…”. Por supuesto, el preboste sólo se atrevió a utilizar desmantelar cuando hablaba del mercado laboral connotado como rígido. Respecto del sistema de protección social se conformó con “reformar”. Pero todo el mundo sabía a qué se refería. Y él también. En otras declaraciones al Financial Times, después de su jubilación, dejó claro que se trataba de competir (por las inversiones) con los “sistemas de protección social” no sólo de los países de la UE, sino también de terceros que, por supuesto, no conocían tal cosa. Y eso, añadía, “es definitivo”.

 

Naturalmente, es definitivo, en tanto en cuanto, esa “competencia” se ve sancionada por las normas de los tratados internacionales de “comercio e inversiones”, que determinan lo que ha venido llamándose globalización comercial. Esto es la competencia desleal (en inglés, dumping) entre sistemas de protección social y derechos de las clases trabajadoras, que tira hacia debajo de las condiciones de todos.

 

Veamos otro caso. MAFO (Miguel Ángel Fernández Ordóñez). Hermanísimo del antiguo Ministro de Hacienda socialista Paco Fernández Ordóñez, no llegó a ministro, pero sí al cargo de gobernador del Banco de España, durante el gobierno de Zapatero. Lo que tampoco está mal.

 

Pues, bien, durante su mandato, cuando la crisis bancaria apretaba, en vez de ocuparse del mejor control normativo y fiscalizador de las instituciones financieras, cuya mala praxis nos estaba llevando al despeñadero, la cantinela de MAFO era “reforma laboral” y del “sistema de pensiones”.

 

El primero para “incrementar la productividad a través de la flexibilidad”. Lo que significa, claro, reducción de la indemnización por despido, y absoluta disponibilidad vital frente al arrendador de tu trabajo. O dicho, de otro modo, que las personas integrantes de la clase trabajadora no puedan tener un proyecto de vida. Amén de quedar en una situación de debilidad lo que facilita la pérdida de derechos frente a los plutócratas y las élites de poder.

 

En materia de pensiones, la letrilla decía “ampliación de la edad legal de jubilación y mejora del grado de contributividad”. Lo primero no necesita explicación. En cuanto a lo segundo, el palabro contributividad, no lo encontraréis en el diccionario de la RAE. Pero, grosso modo, se trata de olvidarse de la solidaridad, que cobres de pensión, a reventar, tanto como has contribuido, y a poder ser menos, si posible mucho menos.

 

Y, ahora, el actual gobernador del Banco de España ha hecho unas declaraciones.

 

2.- GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA: LLOVER SOBRE MOJADO

 

Y en estas, va José María Linde actual gobernador de Banco de España, justo cuando le toca plantear el papel del Banco de España en la gestión de la crisis financiera y bancaria, y declara…

 

Lo habrán adivinado. Que hay que rebajar las pensiones, retrasar la edad de jubilación y extender los planes de jubilación privados, incluso ¡mediante su gestión pública o mixta! (público-privada). Naturalmente a lo que se refiere es a la famosa “mejora de la contributividad”, o sea olvidémonos de la solidaridad, salvo hacia arriba, en favor de los que ostentan el poder privado. Que ellos mismos, por su propia posición de poder, pueden hacer efectiva, mediante pensiones estratosféricas y otras gavelas obtenidas de las corporaciones y compañías mercantiles (cuando no de los fondos de inversión o de pensiones) que controlan. El poder privado, arbitrario por definición, está ligado, lógicamente, al privilegio.

 

A lo que añade Linde que “no está seguro de que los planes de pensiones actuales sean eficientes”. Bueno, puede estarlo. Los planes de pensiones actuales son una catástrofe… para sus pretendidos beneficiarios. Aquí y en todas partes, incluido el referente de todas estas monsergas, que vienen siendo los Estados Unidos de América. Y el mecanismo introduce unos incentivos perversos, la insolidaridad, que tienden, en todo caso, a la financiarización de la economía, lo que significa que nuestros fondos de pensiones exigen que nuestro bienestar caiga aceleradamente, sólo para proporcionar a sus pretendidos beneficiarios unos rendimientos miserables, por debajo de la inflación. Con lo que su ahorro pierde continuamente.

 

En el estudio, nada sospechoso de tendenciosidad en contra de los gestores de los fondos de pensiones, del profesor del IESE, Pablo Fernández, localizable en http://www.civismo.org/files/recursos/SSRN-id2571287.pdf, se hace el siguiente resumen ejecutivo:

 

“En el periodo diciembre 1999 – diciembre 2014, la rentabilidad anual media del IBEX 35 fue 3,28%, la de los bonos del Estado a 15 años 5,83% la rentabilidad media de los fondos de pensiones 1,2%. Entre los 313 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 21 superaron la rentabilidad del IBEX 35, y sólo 1 superó la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años. 58 fondos tuvieron rentabilidad promedio ¡negativa!

 

Los fondos de pensiones tenían (en diciembre de 2014) 7,8 millones de partícipes y un patrimonio de €63.930 millones. También se muestran los resultados de un experimento con 248 escolares que consiguieron mayor rentabilidad promedio que los fondos de pensiones en renta variable en 2002-12: la rentabilidad media de los escolares fue 105%, la de los fondos de pensiones 34% y la de los fondos de inversión 71%”.

 

Los estudios rigurosos sobre otros sistemas de pensiones de todas partes acaban llegando a las mismas conclusiones.

 

¿Cómo es posible semejante resultado? ¿Cómo unos expertos extremadamente bien pagados, cuya única ocupación es esa, y cuyo poder es considerable, pueden obtener tan magros resultados?

 

Bueno, presuntamente, podríamos hablar de que los rendimientos positivos son traspasados sistemáticamente (podríamos decir se “externalizan”) a los propios gestores, o a personas o grupos que les permiten mantener sus puestos. Mientras que los rendimientos negativos son traspasados a los pequeños inversionistas que constituyen la masa del ahorro que gestionan (esto es se “internalizan”).

 

En definitiva el único rendimiento positivo que obtienen es el derivado de los incentivos fiscales que, naturalmente, pagamos los que pagamos impuestos. Pero, incluso en ese caso, más que un ahorro es un diferimiento del impuesto. Paga menos el contribuyente hoy, que tiene más renta y una mejor situación, y, a cambio, pagará más cuando necesite la pensión, que es cuando su renta, y su estado físico, se resentirá. Pues, bien, este mecanismo, que tan graves perjuicios ocasiona a los sectores medios se trata de generalizarlo a todas las personas que dispongan de una renta o recursos a los que hincarles el diente.

 

En definitiva, todos tenemos graves dificultades, menos los ricos y poderosos, a cuya mayor gloria se constituyen todas estas estructuras, que cabildean para establecer, y que les permiten apropiarse de una cada vez mayor proporción de los recursos sociales.

 

Por supuesto, para nosotras, las personas que estamos por la conciencia de la clase trabajadora, el proyecto clave es que la opinión pública se dé cuenta de cómo son las cosas. Y actúe en consecuencia. Lo repetimos a menudo, pero es que es la clave. Se trata de convencer a la opinión pública, crear estados de opinión, y modificar las estructuras institucionales, de forma que se cree una democracia efectiva y se profundice en ella.

 

Y para eso hemos de aplicar el principio de libre experimentación social, que deduce, primero desde un punto de vista teórico, y luego práctico/experimental cuáles organizaciones son más democráticas y, al mismo tiempo, más eficaces/eficientes. En conclusión lo que Proudhon llamaba las “fuerzas colectivas”. En último término una vez alcanzado el cambio institucional que propugnemos, éste debe permitir un cambio de mentalidad / una conciencia más social y fraternal, que impida el retroceso hacia estructuras sociales más insolidarias y absolutamente insostenibles.

 

Autor: miguel carpio




 

 

Una primera aproximació al municipalisme llibertari desde la perspectiva anarco-sindicalista (reunió del GRAS)

 

Definint la municipalitat

 

Autor: Pere Casas

 

 

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07-01-2017 El Gobierno de los ricos (Primera parte)

 

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TRUMP y la plutocracia (gobierno de los ricos)

 

 

14-01-2017 El Gobierno de los ricos (final)

 

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TRUMP y la plutocracia (gobierno de los ricos)

 

 

 

 

30-12-2016-Conclusiones preliminares sobre lo público / común

 

Debate preliminar sobre lo público: conclusiones preliminares

Empecemos por el final: se trata de internalizar/municipalizar los servicios públicos para que se desarrollen en gestión pública directa. Es la propuesta, que asumimos, de las plataformas municipales de servicios públicos (especialmente del Ayuntamiento de Barcelona).

Eso implica concienciar, empezando por la propia afiliación del sindicato, sobre el municipalismo y la implicación política que comporta. Pues, naturalmente, el municipalismo, por su cercanía, posibilita la participación y control de la ciudadanía sobre las decisiones colectivas. La democracia efectiva o directa.

Otra noción esencial del servicio público, que tiene una larga trayectoria, es su papel fundamental en la redistribución de los recursos sociales (de la renta, si hablamos en términos de dinero), de forma universal, a toda la población. Lo que implica que debe estar en el centro de cualquier agenda de cambio de las estructuras sociales.

Pues, según una reflexión procedente al menos de Rousseau, sin perder de vista las relaciones entre disposición arquitectónica y estructura socio-política, una cosa es la Urbs (urbe) formada por los edificios y las calles, y otra la ciudad, que constituye la ciudadanía.

Los servicios públicos, pues, están en el centro de la redistribución de la riqueza, lo que sería parte de una sociedad del bienestar, cuyo objetivo último, sería una sociedad del bienestar avanzada.

Pero cuidado con la equivalencia entre bienestar y consumo – crecimiento. Lo que presupone la ecuación imposible entre deseos (que los economistas confunden con ”necesidades”) ilimitados y recursos escasos. De modo que el estado del bienestar sería la suma simple de los estados de individuos egoístas, cada uno de los cuales actuaría de modo aislado, o como mucho en pequeñas unidades “familiares”.

Es, pues, preciso deconstruir estas nociones de un bienestar basado en el individuo egoísta por definición. La clave es sustituir la noción del bienestar por un concepto solidario de las relaciones humanas (¿el buen-ser?). Donde libertad se complementa con responsabilidad por los propios actos, tanto en las relaciones interpersonales inmediatas como en el plano colectivo. P.e. en el consumo de recursos o en el uso/ prestación de servicios públicos…

Por supuesto, la ecuación citada de las doctrinas neoliberal y social-liberal privilegia el sector privado (empresas) sobre lo público. Son las empresas las que crean valor/riqueza, lo público es parasitario. [la nueva Ley de Régimen Jurídico de 2015 se llama del Sector Público, cambio de doctrina, cambio de estructuras]

Se trata de reducir al máximo el sector público. Recortar y pasar al negocio privado lo posible. En lo que no, hacer que el sector público se limite a financiar (régimen de concesión), actuar mediante conciertos público-privados y externalizar al sector privado. Y cuando la gestión directa sea imprescindible, hacerla funcionar como una empresa privada. Es el Estado gerencial que avanza en tanto la opinión pública no se sacuda la ideología neoliberal impuesta por la élite plutocrática/tecno-burocrática.

Hay distintas tradiciones de estado de bienestar en EEUU y Europa, según su situación ideológica y posición en la guerra mundial y la guerra fría. Los primeros construyeron el bienestar a partir de las (grandes) empresas. La segunda del Estado. Pero siempre se excluyó la autogestión y el control social. Lo que ha facilitado la erosión de los servicios públicos según las características respectivas.

La gestión directa – directa evita la entrada del mercado en los servicios públicos. Pues, en cualquier caso la entrada del “mercado” en un servicio público tiene un carácter disolvente. Además, detrás de la dinámica de la economía de mercado aparecen intereses que generan presiones fortísimas para expulsar de la actividad al sector público, y en último término, si el servicio pasa a ser privado, se pierde el saber-hacer y las infraestructuras públicas aptas para prestar el servicio.

Los servicios públicos, si se prestan con la participación e implicación de las personas que los prestan y la ciudadanía, hasta el límite del control popular y la democracia directa, se constituyen como medio inequívoco de redistribución de la riqueza y de solidaridad universal, tanto entre las personas como entre los territorios.

Lo que entendemos por autogestión, en ese sentido, se reconoce en un concepto fuerte. Se trata de desconcentrar el poder que el Estado gerencial intenta acumular en la cúpula. Es el concepto que tiene que ver con la lucha de clases, tanto de los empleados en el sector público como de la clase trabajadora en su conjunto. En ese sentido es una parte de la ofensiva, y no solo de la defensa, en esa lucha que, o desarrolla la clase trabajadora, o, sufrirá por medio de un acoso que la ha puesto contra las cuerdas.

En absoluto se refiere a la gestión de los servicios públicos por entidades privadas, aunque de ellas participen algunos trabajadores, con fórmulas como las fundaciones o las cooperativas. Lo que, como pasó en el caso de las Entidades de Base Asociativa (EBA) de los centres d’atenció primària, en el sector de la salud de Catalunya, puede constituir un simple mecanismo de privatización de lo público.

De este modo la remunicipalización constituye una fuerza de cambio. Los municipios, como administración cercana, constituyen la base. A partir de ella una estructura federal-confederal, agrega unidades. Que cuanto más aseguren las necesidades sociales (con medición individual y colectiva) y más se adapten a las limitaciones ecológicas, más constituyen una fuerza colectiva apta para superar la presión ideológica, organizativa y coercitiva de los poderes hegemónicos.

El poder del dinero, y el régimen social que se constituye a su alrededor, se muestra tan flexible que, en ocasiones, puede presentar hasta una cara amable. Pero, en cuanto es posible, como ahora, se lanza al asalto de las concesiones que las luhas populares han arrancado en momentos más propicios.

En ese sentido el municipalismo (libertario) permite, de verdad, asaltar los cielos. La lucha institucional, en lo que resulta más próximo, deja de ser utópica, más allá de la autodefensa, pues la clase trabajadora como tal y como ciudadanía se mueve en un terreno que conoce bien, sus intereses inmediatos y los de las personas más cercanas

La reducción de la jornada constituye un hito fundamental para conquistar el tiempo necesario para la clase trabajadora en su conjunto (no para un sector concreto) con la finalidad de permitir y hacer efectivas la práctica del control colectivo y la participación de la ciudadanía necesaria en cualquier gestión colectiva.

La solidaridad colectiva organizada diferencia entre Estado (como jerarquía burocrática) / municipio – estructuras democráticas, constituidas federalmente. Frente al poder coercitivo burocrático y al poder privado crematístico, técnico y también de la burocracia de las grandes concentraciones de poder que son las macroempresas, la gestión directa / directa y la autogestión son las herramientas más preciosas.

Firmado: Sesión de debate del GRAS sobre servicios públicos

 

 

 

22-12-2016-El Govern obstinat a tapar l’estafa de la tarifa de l’aigua. Comunicat de la Secció Sindical de la CGT a ATLL

 

agua

El dia 22 de desembre d’enguany, el departament de Territori i Sostenibilitat va emetre una nota de premsa on anunciava a bombo i plateret que evitava l’increment del 4,6% de la tarifa de l’aigua proposat per ATLL per al 2017 a canvi de renunciar a cobrar durant el 2017 una part del cànon que l’empresa paga per la concessió, 7 milions d’euros.

El Govern diu que gràcies a aquest intercanvi impedeix un increment del cost del rebut de l’aigua que paguem els ciutadans.

Un cop més el Govern demostra la seva submissió a l’empresa privada i ens vol enganyar de la pitjor manera, amb una mitja veritat. Possiblement no veurem incrementat el rebut de l’aigua però el fet de posposar aquest pagament implicarà que els ciutadans, com a contribuents que som, haguem de cobrir aquesta manca d’entrada de diners en el pressupost per a l’any 2017, per cert, encara en discussió.

No serà l’únic que pagarem. No hem d’oblidar quan parlem de 7 milions els interessos que aquests generen durant el període de la concessió (5,6 milions) per la qual cosa la quantitat real és sensiblement superior, fet que ens amaga el Govern en la seva mitja veritat.

Hem de recordar que la xifra de 7 milions és aproximadament la mateixa que està sent investigada per la fiscalia en relació amb el possible frau de factures entre la concessionària i l’Empresa Operadora ATLL propietat d’Acciona, per serveis que no es van fer.

Per si això no fos suficient cal dir que el Govern posposant aquests pagaments incompleix els plecs i el contracte de concessió en què són recollides les anualitats que la concessionària ha d’abonar. El tracte de privilegi envers l’empresa privada és escandalós.

En conclusió podem dir que un cop més el Govern no vetlla pels interessos de la ciutadania i actua com a subsidiari del capital privat amb interessos merament econòmics i sovint renyats amb les necessitats de les persones. Cal retornar a mans públiques i amb una bona administració un servei que mai no hauria d’haver estat privatitzat.

Secció Sindical de la CGT a: ATLL, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA

https://twitter.com/cgtatll

 

 

09-12-2016-Ecología y Sindicalismo

 

Ecología y Sindicalismo
 

 

1.- Sindicalismo y ecologismo, una pareja no siempre bien avenida

 

El sindicalismo tiene una doble cara. Por un lado tiene una función democrática clave, como instrumento de participación en las decisiones colectivas de la mayoría social. Pero, por otro, su papel se restringe a reclamar intereses, a menudo limitados a empleo y salarios, en el mejor de los casos. Puesto que, en el peor, se dedican a proporcionar influencia y recursos sociales a la cúspide de sindicatos jerarquizados. Recursos que solo pueden encontrar en las élites plutocráticas, del poder político y de la burocracia estatal, de modo que tienden a identificarse con sus intereses, y a consolidar la hegemonía ideológica de las élites sobre el común.

Y cuando los destrozos ambientales se han evidenciado, el movimiento sindical no ha estado a la altura. Salvo el muy minoritario anarcosindicalismo, por su perspectiva integral que los identifica con los novísimos movimientos sociales.

Sin embargo, actualmente, la CGT en España tiene vocación de mayoría, pero al mismo tiempo se organiza de modo horizontal y con perspectivas integrales.

Pues, “el ecologismo social, es un tema, en que acción sindical y acción social se complementan.”
http://cgt.org.es/ecologismo-social-y-anarcosindicalismo-0

 

2.- Anarcosindicalismo y ecología social

 

Las líneas fundamentales para CGT se encuentran en un documento suscrito por Águeda Ferriz Prieto y Luis González Reyes (afiliado a CGT y a Ecologistas en Acción) en
http://in-formacioncgt.info/formacion/manuales-formacion/08.pdf

El punto de partida es “la exploración de los caminos compartidos entre anarcosindicalismo y ecologismo social (mediante) un análisis que… debe contener no sólo las relaciones entre las personas, sino también con la naturaleza… (para excluir la) regla del máximo beneficio, que supone un ciclo… de crecimiento continuo…” y la guerra como efecto del malestar resultante.

“…Como consecuencia de esa lucha constante… la riqueza se concentra cada vez en menos manos… con unos grupos ganadores y otros perdedores… y algun@s arrasad@s). Esta parte social del esquema es la del sindicalismo.

“En cambio… el ecologismo (se) ocupa prioritariamente (de) la destrucción de la naturaleza… en contra de la vida…. no una crisis ecológica futura, (sino actual) ya sufrimos los síntomas… nuestro consumo de recursos supera su regeneración, así escasean el agua, la madera o el petróleo (y) producimos una contaminación creciente… que, por supuesto, mina nuestra salud… “

En definitiva, “desde el ecologismo social no se hace una defensa sólo de <>, sino prioritariamente de intereses comunes de todos los seres vivos…

Pero “Hay que matizar en el movimiento obrero hay de todo, incluso sectores, como el ecoanarquista, en el que el tamaño de la tarta fue tan importante como el reparto desde el principio. Sectores de los que bebe el movimiento ecologista actual.

“Así, aunque anarcosindicalismo y ecologismo centren su visión prioritariamente en puntos distintos (social y ambiental), al tener una visión global y radical de las causas… terminan teniendo planteamientos fuertemente complementarios e interdependientes.”

 

3.- Necesidades y satisfactores

 

El mismo texto sigue diciendo: “Un punto fundamental para entender la relación con el entorno es el de las necesidades y modos de satisfacerlas.

..sobre las necesidades fundamentales parece interesante la aportación de Max Neef (Desarrollo a escala humana, Neef, M., Icaria Barcelona, 1994), quien afirma que en todas las sociedades las necesidades son muy parecidas y pueden agruparse en 9 grupos fundamentales: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, identidad, libertad, ocio, participación y creación. Todas interrelacionadas. Cuando alguna de estas necesidades no se cubre hablamos de pobreza (material, cultural, social, espiritual…). [cuando la carencia supera ciertos límites] podemos llegar a hablar de patología.

Los satisfactores varían entre sociedades y épocas. Ante la necesidad de mantener la temperatura corporal, la calefacción es uno. Ropa de abrigo otro.

“Los satisfactores pueden clasificarse en:

– Violadores o destructores: no satisfacen las necesidades y a corto plazo eliminan la posibilidad de conseguirlo.Ejemplo el armamentismo.

– Pseudo-satisfactores: producen una falsa sensación de satisfacción.

– Inhibidores: al satisfacer (sobresatisfacer incluso) una necesidad obstaculizan otras.

– Singulares: satisfacen una necesidad y no influyen en el resto.

– Sinérgicos: satisfacen varias necesidades a la vez o facilitan la satisfacción de otras necesidades.”

Hoy hay multitud de satisfactores violadores: un centro comercial satisface mi necesidad de ocio…. (pero ) frustra mis necesidades de participación y creación.

“Otro ejemplo: me siento ante el televisor para satisfacer mi necesidad de entender, pero a costa de las necesidades de afecto, libertad, participación y creación… sin considerar que la televisión no me ayuda a entender mejor la realidad.”

“..una línea básica de trabajo parte de preguntar… por nuestras necesidades reales,…

¿necesitamos un coche?…

“Nuestras necesidades materiales pueden verse satisfechas con muchos menos recursos. Las inmateriales, simplemente, no se cubren desde lo material. ¿Cuántas horas semanales dedicamos a la televisión?, ¿y a jugar con nuestr@s hij@s o sobrin@s?, ¿y a conocer a nuestr@s vecin@s?

“Las alternativas sostenibles han de poner cuidado en satisfacer necesidades reales y actuar como satisfactores sinérgicos… ejemplo, el consumo de alimentos en un grupo de (auto) consumo frente al supermercado,… supone:

– Acceso a alimentos de calidad (necesidad de subsistencia); – control sobre criterios, funcionamiento y decisiones (entendimiento); – participación en un grupo social (participación, identidad, afecto); – modelo de producción, distribución y consumo sostenibles (participación y entendimiento); – construcción de una alternativa (creación).”

 

4.- Ideas y orientaciones prácticas

 

Según el mismo documento, “Una sociedad sostenible utiliza satisfactores al alcance de la población presente y futura que cubran sus necesidades reales… cierra los ciclos de materia, consume según los ciclos naturales, minimiza el transporte, obtiene la energía del sol, potencia una alta interconexión biológica y humana, no produce compuestos tóxicos para el entorno, acopla nuestra velocidad a la de los sistemas naturales y tomamos el poder de nuestras vidas.” Añadamos otro criterio “el principio de precaución, es decir, no llevar a cabo acciones cuyas consecuencias no son claras.”

Veamos las implicaciones de actuar según los valores de la Naturaleza.

“(1) Cerrar los ciclos de materia. “En la naturaleza la basura no existe,… los residuos de unos seres son el sustento de otros en ciclos cerrados. (Nuestra) producción, en contraposición, es lineal,… del petróleo a… (los) plásticos en el vertedero… hay que cerrar los ciclos mediante el reciclaje. “Esto se traduce en adecuar las sociedades a la capacidad del planeta de asimilar contaminantes y residuos y evitar los tóxicos y materiales no asimilables. “… La naturaleza no se preocupa por su eficiencia, desperdiga miles de semillas para que nazca un árbol, cientos de huevos para decenas de peces, (pero) todo se recicla.

(2) “Eliminar la liberación de xenobióticos. Por una doble vía: se reducen o eliminan la mayoría, y el resto se integra en ciclos cerrados estancos…

(3) “Disminuir drásticamente el consumo en los países del Norte. “… debemos autolimitarnos con un modelo de vida más austero. Una disminución en el Norte que permita cierto aumento en el Sur. “Debemos obtener materias primas y energía del reciclaje… o de fuentes renovables siempre a un ritmo menor al natural de reposición.

(4) “Centrar la producción y el consumo en lo local. “…En la naturaleza el transporte es vertical (intercambio de materia entre reino vegetal, atmósfera y suelo). El transporte horizontal lo realizan los animales, (con) muy poca biomasa respecto a los vegetales (el 99%), a cortas distancias… a largas distancias, como las migraciones animales, es raro en la naturaleza.

“Dice Margalef (La Biosfera entre la termodinámica y el juego, Margalef R, Omega, Barcelona. 1980) que <>… transportamos minerales de las entrañas de la tierra, los procesamos, y acabamos dispersando los productos y residuos,…. acumulamos cemento, acero y asfalto en grandes infraestructuras, ocupando y fraccionando la naturaleza, con lo que los ecosistemas, quedan progresivamente envenenados y aislados, sin que funcionen del modo en que están organizados para hacerlo.

(5) “Basar la obtención de energía en el sol. “El sistema energético debe basarse en manifestaciones de la energía solar (sol, viento, olas, minihidráulica, biomasa…)… fuentes renovables que acompasan su explotación a su regeneración.

(6) “Potenciar una alta diversidad e interconexión biológica y humana. “La vida ha evolucionado, desde el principio hacia mayor diversidad y complejidad. Esto ha permitido alcanzar mayores niveles de conciencia, y también adaptarse a los retos y desafíos… Esto tiene un correlato en el plano social, que es la vida conjunta de muchas personas diversas y muchas redes de intercambio y comunicación.

(7) “Acoplar nuestra “velocidad” a la de los ecosistemas. “Muchos de los problemas ambientales se deben más a la velocidad de los cambios que a estos en sí. Ej., a lo largo de la historia hubo cambios de temperatura más drásticos que los previstos por los gases de efecto invernadero… el problema es que los ecosistemas no pueden soportar sin traumas la velocidad del cambio… es imprescindible… acompasar nuestros ritmos a los del planeta.

(8) “Tomar el poder de nuestras vidas. “…una gestión democrática de manera que nos responsabilicemos a través de la participación social.

“ejemplo: Los municipios deberían tener tamaño medio y organizarse para tener:- …un carácter autosuficiente: materiales cercanos (de huertas dentro de la ciudad,… del río que pasa al lado, etc.), trasiego de materiales y consumo de energía mínimos; – Cerrar los ciclos de materia: el compost iría a las huertas, el agua usada se depuraría y regaría jardines y calles,…;.- producción y consumo locales: con profesiones para cualquier bien básico (atención médica, vestido, educación…); – La planificación urbanística y el tamaño harían práctico el uso de la bicicleta y el transporte público, con la mayoría de lugares accesibles a pie; – … sin acumulación de riqueza/poder.”

 

5.- ¿ecologismo anarcosindicalista? La inversión de los principales valores

 

Así, la escala de valores ha de ser invertida en sus aspectos fundamentales, a saber:

Frente a competitividad: Cooperación. Hay mucho “trabajo de hormiguita” por hacer… los adelantos y saberes relevantes se nutren del saber colectivo, de experiencias anteriores y del trabajo conjunto… ser humano, sociedad y ecosistema… interrelacionadas y el todo es mucho más que la suma de la partes. Apoyo mutuo en lugar del individualismo imperante.

Frente a la acumulación:… mantener la vida de forma sostenible en espacio y tiempo, en lugar de crecer. Reparto de la riqueza y solidaridad en lugar de aumentar la desigualdad.

Frente a la velocidad: Lentitud en el ritmo de vida … Cambios graduales a través… de una acción progresiva (de) mucho tiempo (y) muchas pequeñas acciones. Priorizar la gestión de lo importante desde la anticipación, frente a la de las crisis.

Frente a la verticalidad en la organización social: Horizontalidad (menos televisión y más participación, p. e.). Responsabilidad (individual y compartida) sobre vidas y acciones. Desobediencia a las jerarquías.

Frente a lo privado: Lo público, orientado a la satisfacción de necesidades colectivas.

Frente al antropocentrismo: Recordar que el ser humano no es el único que habita el planeta y tiene derechos… forma parte de los sistemas naturales y depende de ellos.

Frente al androcentrismo: Apostar por las mujeres … (y su realización) personal… (y por) los valores femeninos (cuidados, reproducción de la vida)… No dejar que los estereotipos sexuales o la presión social nos limiten como personas.

Frente a la homogeneidad: Diversidad como fuente de riqueza, cultural (y) biológica (y) garantía de seguridad (para los) ecosistemas y las sociedades.

Frente a la supuesta independencia: Interdependencia. Asumir que vivimos de la naturaleza, y necesitamos de l@s demás (ideas, cuidados, afectos…), lo que pasa en cualquier lugar del mundo afecta a los demás (Pensar y actuar local y globalmente).

 

6.- Teoría ecológica…

 

Para concluir “… es importante ver toda la potencialidad de las (verdaderas) necesidades, no sólo como carencias, sino como elementos que comprometen, motivan y movilizan… a distintos sectores sociales (para el cambio).

“El cambio se construye dando la vuelta al sistema de valores imperante. Las reformas… abren tiempo o espacios (por ejemplo retrasan el cambio climático) (pero) esta apertura requiere, en muchos casos, la desobediencia civil… “ Y la concienciación, la movilización y la presión social frente al dominio abrumador de los medios de comunicación por la plutocracia y las élites de poder que ésta nuclea.

“El cambio solo será real si implica un cambio personal, pero el cambio personal solo cobra pleno sentido por el cambio colectivo… el fin no justifica los medios, son los medios los que construyen el fin.”

Esta teoría tiene matices decisivos respecto a otras organizaciones y sindicatos. Empero, la principal diferencia está en la práctica.

 

7.- …y práctica sindical

 

Dos ejemplos: las centrales nucleares y la gestión del agua.

En la primera, CGT no ha dejado de presionar, con independencia de los “puestos de trabajo”, para garantizar la salud, la seguridad de la población y el medio ambiente. Y no es que “Ante este problema laboral (la seguridad nuclear) el sindicato más beligerante ha sido CGT”, https://www.diagonalperiodico.net/global/es-csn-lobby-pronuclear.html-0

, sino intentar que se extreme la seguridad y acabar con lo nuclear http://arxiu.cgtpv.org/CGT-DENUNCIA-POLITICA-ANTISINDICAL-EN-LA-NUCLEAR-DE-COFRENTES.html

que es, en todo caso, una energía gravemente dañina. Ver. http://www.cgtburgos.org/attachments/260_ficha77_junio2009.pdf

Por su parte en la gestión del agua tenemos el ejemplo de la privatización de la compañía ATLL, por el Govern de la Generalitat de Catalunya, justo antes de las elecciones, lo que permitió ingresar 300 millones de euros, a costa del deterioro del servicio y subidas de precio para los usuarios.

Pues, bien, la denuncia contra los abusos de la sección sindical de CGT ante la Oficina Antifraude dio lugar a que, tras apreciar la institución múltiples irregularidades en la facturación de “trabajos injustificados”, por 13’3 millones de euros, Antifraude concluyera que procedería “iniciar el procedimiento de resolución del contrato por causa imputable a la sociedad concesionaria.” Pero parece que la Generalitat e incluso el Ayuntamiento de los Comuns no acaban de verlo.

“ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua “en alta” (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana. Abastece a 4,5 millones de personas… una privatización de 1.000 millones de euros.” Véase http://www.eldiario.es/catalunya/economia/Antifraude-privatizacion-ATLL-Acciona-incumplio_0_482602262.html

Las compañeras de la sección sindical prestaron un servicio inestimable a la sociedad catalana, sin ningún beneficio personal. Prueba de la convicción ecologista que debe formar parte de la columna vertebral del proyecto de la CGT.

 

Autor: Juan García

 

2016-Otros artículos

Lo estatal y lo público

 

Félix García Moriyón/ David Seiz Rodrigo
Artículo para Libre Pensamiento. Diciembre 2012

 

Los fundamentos ideológicos de la crítica al Estado

 

No cabe la menor duda de que nos encontramos ante una crisis sistémica, no una simple crisis cíclica de las que son habituales en el modo de producción capitalista. En las últimas décadas —podemos decir que desde 1973— se ha estado produciendo un enfrentamiento muy duro para modificar las grandes líneas de la política económica diseñadas después de la II Guerra Mundial. No vamos a repetirnos ahora, pero está claro que los liberales, con Hayek y Von Mises como líderes intelectuales, han lanzado un furibundo ataque a los modelos que ponían en el Estado la responsabilidad de garantizar el bienestar social y económico de los ciudadanos. Desde el primer momento han criticado no solo la versión extrema del estatalismo, la Unión Soviética, sino también la versión socialdemócrata impuesta en Europa gracias al gran pacto social posterior a la II Guerra Mundial.

Sus argumentos son dignos de ser tenidos en consideración y hay dos grandes obras que ofrecen el núcleo de su argumentación: Caminos de servidumbre (Hayek) y La acción humana (Von Mises). Su planteamiento tiene antecedentes y seguidores, por lo que podemos decir que la corriente liberal ha gozado de buena salud casi desde los comienzos de la edad contemporánea. Cuando uno contempla estados fallidos, cuando uno observa lo ocurrido en España y Grecia, con estados clientelares, o analiza las relaciones entre mafia y política, por no hablar de los epígonos del socialismo realmente existente, no deja de ver el punto de razón que existe en esas críticas.

No fueron los liberales los únicos que arremetieron contra le peligroso papel del estatalismo. El pensamiento social de la Iglesia Católica, al que podemos sumar el de otras corrientes cristianas, ha sido siempre muy crítico con la estatalización o el control por el Estado de las resortes de la economía y la justicia social. La teoría se ha centrado en el concepto de subsidiaridad, único papel legítimo del Estado, cuya función es estar al servicio de las personas (no de los individuos) y de las unidades básicas de convivencia social, en especial la familia. Todo ello acompañado de una fuerte moralización de la economía, disciplina teórica y práctica que debe estar regulada por normas morales. Es sugerente la actual variante de la economía del bien común desarrollada por pensadores evangélicos en Austria y con eco en numerosos ambientes. Es la llamada economía del bien común.

Podemos añadir a los anteriores críticos del estatalismo la larga tradición del pensamiento libertario que ha sido igualmente duro con el intento del Estado de controlar la vida de los individuos. Comparte gran parte de las críticas de los liberales decimonónicos y menos las críticas de los neoliberales actuales, tanto ha cambiado el mundo. Sin embargo, su distancia respecto a los mismos es enorme puesto que esta tradición defiende claramente el apoyo mutuo y las colectivizaciones autogestionadas, todas ellas orientadas por un profundo sentido del bien común, proponiendo fórmulas organizativas comunistas o colectivistas. En ese sentido, están más cerca de la tradición cristiana y católica.

La historia de la crítica al Estado es larga y condiciona sin duda lo que ahora ocurre. El ataque neoliberal arrecia y lo hace con inusitada virulencia que va creciendo conforme, según creen sus líderes, se acercan a la victoria final, posición premonitoria de lo que va a ser la suerte de los vencidos. Cuando una vive en Madrid, asiste en primera línea a lo que puede ser defender el neoliberalismo sin fisuras: un deterioro progresivo de los servicios públicos y un crecimiento igualmente progresivo de la presencia de la iniciativa privada en la prestación de dichos servicios que sólo aceptando la versión de Esperanza Aguirre pueden ser considerados servicios públicos. Y para rematar, la presentación de Eurovegas como el gran proyecto de creación de puestos de trabajo para la futura sociedad del conocimiento.

No se puede objetar mucho a la defensa de la libertad que abanderan los neoliberales. Fue uno de los grandes logros del mundo contemporáneo; ahora bien, conviene recordar que “no es liberal todo lo que parece”. La “liberal” manera de privilegiar a un empresario que encontramos en las recientes componendas con el inversor americano que trata de situar Móstoles en el Estado de Nevada, o la torticera manera de entregar el capital “público” de la sanidad en manos de determinadas compañías privadas privilegiadas, nos acerca a modelos más propios de las compañías privilegiadas de comercio de la Edad Moderna que a los modelos de libre concurrencia, igualdad y mérito del teórico liberalismo. La defensa de la libertad termina encubriendo pobremente el ánimo depredador de las élites en el poder.

Por otra parte, esa defensa ha solido ir acompañada de la exaltación del espíritu emprendedor y la meritocracia, ocultando que el mérito tiene mucho más de hereditario que de meritorio, y esa defensa de la excelencia individual como criterio de selección social nos acerca de nuevo a paradigmas de reproducción de las escalas sociales y económicas, cercanos a las estructuras políticas, económicas y sociales del mundo señorial. Con un especial agravante: en la sociedad estamental uno ocupaba una posición social desde su nacimiento y eso estaba justificado por ser el orden natural de las cosas; en la actual sociedad, uno ocupa casi con seguridad la posición social que le corresponde por lo que lo tocó con el nacimiento, y la legitimidad la concede el afirmar que su ascenso social es consecuencia de sus méritos personales. Por otra parte, impuesto ese orden neoliberal, la capacidad de negociación en la permanente lucha por el reconocimiento, tal y como vemos en el día a día sindical por poner un ejemplo, no ofrecen más alternativa que el desarrollo de un modelo cercano a la revuelta campesina: el señor no pacta, concede y en caso extremos los siervos se rebelan, conscientes de que el fracaso de la rebelión les asegura su marginación de por vida, si no la muerte. Duras huelgas, con variadas fórmulas de enfrentamiento y reivindicación son absolutamente ignoradas por los dirigentes, sobrados en su poder y en su capacidad para imponer coactivamente sus políticas.

Del mismo modo, se ha exaltado la libertad individual y la capacidad de elección como último criterio de evaluación de las decisiones privadas y públicas, acompañada por una defensa a ultranza de la vida privada, del hogar como espacio inviolable en el que los individuos pueden disfrutar de sosiego, lejos del omnímodo y arbitrario poder del Rey en su origen y del Estado en la actualidad. Lo malo es que esa defensa valiosa de la privacidad va acompañada de la privatización, de la fragmentación individualista del tejido social. Desde fines de la Edad Media se asiste a una progresiva privatización de los espacios públicos del mundo clásico; la vivienda privada y los usos privativos de los individuos se imponen en las antiguas plantas de las ciudades al callejero, las plazas y los foros. Como ocurre en las ciudades islámicas, los espacios públicos salen de la ciudad (el mercado, como las grandes superficies comerciales, está en las afueras) porque el foro ha sido ocupado por viviendas, las antiguas calles han sido consumidas por las viviendas y los baños son ahora casas de vecinos. La desamortización, ya en plena edad contemporánea, pone cercas y puertas en los campos, acaba con las tierras comunales y deja expedito el camino hacia el desmesurado crecimiento del coto privado, que tiene su última y aberrante manifestación en las recalificaciones de terrenos de los últimas décadas, cuando todo el territorio nacional se considera urbanizable y/o privatizable. Y la privatización alcanza al ejército nacional convertido en ejército mercenario, por lo que no será tan extraño ver a medio plazo que se privaticen igualmente las cárceles, las escuelas o los hospitales. O incluso la justicia y la policía, ya parcialmente privatizada en poderosas empresas de seguridad.

 

La lucha contra el Estado del bienestar

 

Neoliberales, cristianos, anarquistas…, son tradiciones muy distintas que se han opuesto al crecimiento del Estado muy controlador y quizá solo secundariamente benefactor. Eso sí, en estos momentos la batuta del ataque la lleva quienes apenas ocultan que el objetivo central es recuperar lo que Marx llamaba la tasa de extracción de plusvalía y también reforzar lo que los anarquistas denunciaron como estructura jerárquica y piramidal del poder. Es decir, recuperar la posición de privilegio ostentada por las élites dominantes durante toda la vida, pero debilitada debido a la dura lucha por el reconocimiento desplegada por los olvidados o condenados de la Tierra desde los años sesenta. Ya en aquellos décadas —quizá demasiado mitificadas por la izquierda “divina”— los centros de estudios asociados al poder plantearon que se estaba produciendo una crisis social causada por el exceso de democracia, lo que ponía en primer plano el problema de la gobernanza y la necesidad de reconducir la situación acallando las demandas de las clases desfavorecidas.

No es fácil hacer una crítica acertada del Estado desde posiciones de izquierda. Está profundamente arraigada en el imaginario colectivo la idea del Estado como árbitro, técnico y objetivo, que ciegamente se organiza a partir de sus burocracias elevadas sobre el mérito y la capacidad, por encima de los intereses de los grupos de poder o los partidos. No en vano, el Estado es el sujeto fundamental de esta percepción de la “cosa pública” y sigue siendo en el imaginario de mucha gente el único garante de la objetividad. Lamentablemente el sueño weberiano del estado burocrático ha devenido en pesadilla; desde sus orígenes, el estado ha servido para certificar con el marchamo del derecho, situaciones de privilegio, repartos de prebendas y canonjías, investido, para más delito, de la idea de mérito, libre concurrencia y otros aparatajes ideológicos. No sólo las cajas de ahorros, también los contratos millonarios de obras públicas, las sospechosas, cuanto menos, relaciones entre la política y el mundo empresarial, desdicen mucho de lo que damos a menudo por supuesto.

Por eso mismo, la lucha en defensa de lo público esta distorsionada en varios sentidos, lo que hace difícil tomar posición en algunos momentos. La primera distorsión procede de la defensa de un modelo de gestión estatal de la propiedad que ha mostrado en la práctica el acierto de las críticas liberales. El caso de las cajas de ahorro es paradigmático, como también lo es el de las recalificaciones de terrenos. Por no hablar de casos abundantes de prevaricación, malversación y cohecho, que se cometen con elevado nivel de impunidad de los políticos y empresarios implicados a partes iguales en los mismos. El estado ha terminado siendo contagiado por prácticas mafiosas clientelares lo que exige una dura operación de cirugía que permita sanear y cauterizar la gangrena. Cierto es que hay estados socialdemócratas que parecen gozar de una buena salud envidiable y que puede seguir siendo referentes, como ya lo fueron en los años sesenta, de la mejor manera de articular el estado del bienestar o estado social de derecho sin poner en cuestión el modo de producción capitalista.

Algo de eso está presente en la aceptación que está teniendo entre el público en general la furibunda y torticera campaña contra los funcionarios orquestada por los líderes neoliberales, lo cual constituye una segunda distorsión. El estatuto del funcionario, cuyo origen se sitúan más bien en la defensa de la independencia y etabilidad de los trabajadores públicos respecto a los poderes políticos cambiantes en democracias representativas, ha derivado en parte hacia un estatuto corporativo en el que la defensa de específicas condiciones laborales se aproxima peligrosamente a la defensa de situaciones de privilegio. Con cierta desmesura en algunas ocasiones, los funcionarios tienden a identificar la defensa de sus condiciones de trabajo con la defensa de lo público, ocultando lo que hay de puramente corporativo en sus luchas y lo que hay de mantenimiento de situaciones de auténtico poder frente a los usuarios de esos servicios públicos que dicen defender. La pura crítica del funcionariado, orquestada por quienes tienen la obligación política de exigir su adecuado cumplimiento del trabajo asignado y de garantizar que están al servicio de los intereses de la ciudadanía no basta. Mucho menos cuando comprobamos que quienes jalean esas críticas luego incrementan el número de asesores nombrados a dedo y ascienden en el escalafón funcionarial a sus propios clientes o afines políticos.

La tercera distorsión procede del dominio cultural impuesto por el actual modelo de capitalismo financiero y consumista. La ideología del «lo veo, lo quiero, lo tengo» ha calado hasta los huesos y la gente busca por encima de todo recuperar la capacidad de consumo a la que se aproximó, sin llegar a disfrutarla del todo pues en gran parte no pasó de un espejismo basado en créditos que no se podían devolver, menos una vez despedidos de sus precarios puestos de trabajo. El individualismo abstracto, tan querido por los liberales, se queda en la exaltación del individuo como consumidor compulsivo que puede acudir a cualquiera de los múltiples centros comerciales a elegir entre decenas de productos idénticos, muchos de ellos con obsolescencia programada y con dudosa capacidad real de satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos.

Aceptado inconscientemente, gracias a potentes campañas de configuración de la opinión pública, ese modelo de logro de la felicidad sustentado en el fetichismo de la mercancía, que termina identificando valor con precio, los individuos se convierten en rehenes de quienes les conceden el crédito para pagar los gastos, abocados a un consumismo parcialmente compulsivo. Sin darse cuenta, aceptan una democratización del consumo que, sin negar los posibles componentes revolucionarios implícitos en ese «festín pantagruélico», en realidad consagra la degradación de los procesos de trabajo, que están condicionados a la elevada productividad de los trabajadores que proveen de mercancía a los comercios “chinos” y a los gestionados por las grandes multinacionales, entre otras y sobre todo las del textil y las de la alimentación. Como no podía ser menos acabamos aceptando que un servicio público es aquel que le sale gratis al ciudadano (feliz definición de Esperanza Aguirre), y para eso se pone la gestión de lo público en manos de la empresa privada, sin darse cuenta de que esta muestra especial eficiencia y eficacia en generar ganancia para sus propietarios y gestores, normalmente a costa de trabajo degradado.

Una cuarta y última distorsión procede de la progresiva erosión de la política del bien común arrasada por la cultura del individualismo radical, de la sociedad articulada como suma de lobos esteparios que regulan las relaciones sociales mediante las leyes del mercado: todo tiene un precio y la acumulación de dinero es lo único que garantiza el estatus social y, por tanto, la satisfacción de las capacidades. Muchos movimientos críticos han aceptado en sus planteamientos esa ideología mercantil, lo que termina teniendo sus consecuencias: la trivialización del matrimonio, con exigencias de permanencia menores que las de muchas compañías de telefonía móvil, y el servicio militar opcional (a sueldo), que se sitúa en las antípodas del ejército popular o de la defensa civil, serían dos ejemplos perfectos de los daños colaterales que lleva aceptar un modelo utilitarista mercantil de la vida social. Ha adquirido un protagonismo cultural desmesurado el ya antiguo dicho de que «tanto tienes, tanto vales».

 

La defensa de lo público.

 

Lo anterior ya indica claramente cuál es el discurso y la práctica que necesitamos articular para defender lo público sin mantener un modelo de Estado del bienestar que provoca muchos más perjuicios de lo que algunos son capaces de reconocer. Pero al mismo tiempo tenemos que evitar un peligro que puede derivarse de nuestro planteamiento «crítico» sobre lo público: nuestras críticas fácilmente puede acabar siendo utilizadas como munición para este nuevo «estado señorial» que falsamente se viste de liberalismo. Conviene, por tanto, recuperar lo que tiene de «señorial» el modelo liberal y desmontar su «instalache» o «chiringuito», eso que apenas cubre las apariencias y solo busca el máximo beneficio en el menor tiempo. Es el liberalismo radical primigenio que tan cerca está de los postulados anarquistas, vinculando sin solución de continuidad la libertad a la igualdad y la fraternidad. La trampa del liberalismo contemporáneo es precisamente que obvia estos privilegios y se contenta con establecer el principio de un liberalismo económico lastrado por toda una serie de condiciones desiguales de la que la propia ganancia económica es el único beneficiario. Son moneda corriente la deslocalización, el abuso de las condiciones de explotación de los recursos naturales, mineros o energéticos, la imposición de condiciones comerciales desfavorables, las trampas fiscales que permiten evadir impuestos bajo el amparo de empresas pantalla, tratos de favor impositivos o localizaciones beneficiosas: ahí están los casos paradigmáticos de Apple, Facebook, Amazon y otras empresas tecnológicas o la presencia de paraísos fiscales en el corazón de Europa.

El hilo de la cuestión debe ser defender lo público criticando con firmeza a los neoliberales y los estatalistas, ambos con agendas ocultas que marcan el sentido y la limitación de sus luchas. Y para ello, el núcleo de la cuestión debe ser vincularlo plenamente a la reclamación democrática: buscar mucho más poder para el pueblo, para el común de los ciudadanos que necesitan aprender, ejerciendo, el duro ejercicio de tomar las riendas de sus propias vidas y potenciar al mismo tiempo todo aquello que genera comunidad de intereses y de objetivos, sin agostar la capacidad e expresión y creación individuales. No queremos una sociedad de individualistas depredadores apalancados en un pobre «vive y deja vivir» ni tampoco una sociedad de obedientes ciudadanos agradecidos a burocracias ineptas que les procuran magros beneficios sociales. Queremos un fecundo, pero difícil, equilibro entre la exigencia de libertad personal, igualdad social y apoyo mutuo solidario.

Algo fundamental en esta tarea es profundizar en un sistema de equilibrios que asegure la defensa del individuo frente a los grupos de poder, tanto económicos como políticos y culturales. A los agudos análisis de la capacidad destructiva del poder en el anarquismo clásico, podemos añadir las críticas de Foucault a lo que él llamaba microfísica del poder y biopolítica. Los principios que deben regir esa fragmentación y control del poder están formulados, pero el peso de los poderes sobre las vidas de las personas continúa sin estar corregido. Es más, el Estado benefactor, bajo la promesa de grandes beneficios de bienestar, alimenta la burocratización controladora: nunca antes ha estado la vida de las personas, incluida la vida privada, tan sujeta a mecanismos de control tan sofisticados y potentes como los actuales. Y en general con el libre consentimiento de los propios ciudadanos. Si bien las redes sociales parecen haber abierto algunas puertas a la fragmentación horizontal de determinados mecanismo de control, el riesgo de que acaben sometidas al ojo controlador del Gran Hermano es grande, y la experiencia de lo ocurrido con los medios de comunicación social debiera ponernos sobre aviso de esos riesgos. Entre tanto conviene no perder de vista los mecanismos ya clásicos de control del poder público, algunos muy sugerentes pero poco aplicado como es el caso de la rotación, la rendición de cuentas, la separación de poderes o la transparencia.

Del mismo modo, para defender unos servicios auténticamente públicos, es necesario afrontar el problema de la representatividad. Hoy hay una conciencia muy arraigada, aunque poco articulada, de que nuestros representantes no nos representan, pues han pasado a formar parte de las élites en el poder cuyo único objetivo real es mantener sus posiciones de auténtico privilegio. No sólo parecen conflictivas las formas políticas, a menudo tildadas de poco representativas, precisamente por su opacidad a las influencias que los poderes ejercen sobre ellas y a la poca vinculación entre las decisiones políticas y la voluntad de una ciudadanía muy poco rerpesentada. El asunto no es en absoluto nuevo, pues también en las formas de organización política medievales e incluso de la sociedad estamental la representatividad era también un asunto primordial, al que se respondía con otros modelos organizativos. Quizá nuestra democracia parlamentaria, con discutible sistema de recuento del voto, agobiantes lisas cerradas y dinámicas de la tarea política ejercida en las Cortes poco sometida a escrutinio público, tenga un problema serio de representatividad que está necesitado de propuestas alternativas, empezando por puras protestas iniciales como las de rodear las sedes parlamentarias. a menudo consideramos que la sociedad no estaba representada en los órganos políticos del AR y sin embargo no reparamos en que lo que ocurría es que la “representatividad” estaba organizada de otro modo.

Lo anterior nos lleva a un último aspecto fundamental para construir unos servicios públicos. Hace falta romper con el enfoque calcado del mundo empresarial que distingue entre los prestatarios de un servicio (los funcionarios y los gestores, públicos o privados de los mismos) y los usuarios o clientes de los mismos. Sin negar la importancia de una adecuada valoración de los costes económicos de los servicios públicos para saber cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no, hay que aplicar más bien el criterio de que esos servicios tienen un valor, no sólo un precio y que los usuarios no son clientes sino ciudadanos que tienen unos derechos que deben ser atendidos y que deben estar dispuestos a exigir y defender.

Para ese protagonismo activo de los ciudadanos son muy pertinentes las fórmulas autogestionarias de organización porque en ellas se reconoce a todas las partes implicadas el papel de sujetos activos para la definición de los objetivos que deben ser alcanzados y de los medios más adecuados para conseguirlos, así como para la gestión cotidiana de las orientaciones políticas (esto es, relativas a la polis o a la ciudadanía). Eso no consiste en una pura fórmula organizativa, pues al final todo, incluso proyectos políticos muy poco recomendables, puede ser autogestionado. O se puede aceptar la participación efectiva de las personas interesadas sin que eso se traduzca en la práctica en una auténtica participación en la gestión. Basta con ver, por ejemplo, el cansino y al final irrelevante modelo de participación de las familias y los estudiantes en los consejos escolares, fórmula participativa en acelerado proceso de descomposición. Parece evidente que lograr una ley universal puede considerarse un avance en la búsqueda de equilibrios. Sin embargo mientras la ley no sea universal completamente y deje espacios de interpretación a los estados o los subestados (estados federados, municipios, comunidades), seguiremos avanzando en sentido contrario.

Son, sin duda, ideas reguladoras que pueden ayudar a orientar cuál debe ser nuestra defensa de lo público, pero dejan abiertas las formulaciones concretas sobre cómo se deben articular en la práctica. No tan generales como para no darse cuenta de que defendemos algunas medidas que podrían ser exigidas a corto y medio plazo, pero tampoco tan concretas como para convertirlas en organigramas o algoritmos formales y vacíos realmente de contenido. Retomando una mil veces citadas frase de Durruti, la defensa de unos servicios públicos, vinculada a la defensa de una sociedad genuinamente democrática, implica un profundo y renovado modo de vida, pues es en definitiva una manera distinta de ser, no sólo una manera de organizarse. Implica, por tanto, llevar un mundo nuevo en nuestros corazones, algo que la máquina burocrática del estado del bienestar ha deteriorado profundamente y algo que la mucho más poderosa máquina del bloque hegemónico neoliberal dominante no está en absoluto dispuesto a fomentar o recuperar.

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